ABREU Y LOS PORTILLA MANICA, EN EL RADAR DE LA UIF.

Por desvío de recursos de dinero público, destinado para programas sociales; por nepotismo y por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), en algunos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República, investigan de manera conjunta a 10 de los súper delegados designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.


Los funcionarios federales que fueron nombrados por López Obrador para coordinar e implementar planes, programas y acciones para el desarrollo integral y con funciones para la atención ciudadana, y que ahora se encuentran sujetos a investigación por diversas irregularidades y delitos, son:


Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, Juan Carlos Loera de la Rosa, José Antonio Aguilar Castillejos, Indira Vizcaíno Silva, Mauricio Hernández Núñez, Rodrigo Abdalá Dartigues, Gabino Morales Mendoza, Jaime Montes Salas, Jorge Taddei Bringas y Armando Zazueta Hernández.

Esos son los servidores públicos sobre los que ya pesan sendas investigaciones, como resultado de los elementos recabados tras las denuncias presentadas por diversos sectores en su contra, pero hay otros súper delegados que también están en la mira de la UIF, como es el caso del súper delegado en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, acusado de aprovechar su posición para “colocar” a parientes, amigos y allegados en puestos claves de las dependencias federales existentes en el Estado.


LA COLABORACIÓN:


Nieto Castillo explicó que la SFP ha planteado el caso de 10 personas, “y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular, además de que se analizan eventuales casos de lavado de dinero”.


Conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Artículo 17, los delegados tienen la encomienda de coordinar los programas sociales y supervisarlos, siempre bajo el mandato directo del Presidente de la República, independientemente de que la UIF mantiene vigilancia directa sobre los funcionarios encargados de los programas de bienestar.


Debe destacarse que conforme a la ley, el desvío de dinero público en la distribución de programas sociales es uno de los delitos que ya está tipificado como grave y amerita prisión preventiva oficiosa y, si como afirman, en la Cuarta Transformación ya no habrá intocables, entonces se debe actuar sin distingos y con firmeza.


ABREU, EN ESPERA:


El súper delegado en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, aún no aparece en la lista de los que ya son investigados, pero sí hay señalamientos en su contra porque a su llegada despidió a infinidad de trabajadores que, según él, no hacían nada.


No obstante, ese número de plazas fue ocupado de inmediato por familiares, amigos e incondicionales en puestos claves que le permiten tener un mayor control sobre todos los recursos destinados a las clases desprotegidas, pero que nunca llegan a quienes verdaderamente lo necesitan.


Abreu Marín no es nuevo en el oficio de la politiquería, fue cobijado durante muchos años por los gobiernos priistas, desde Mario Villanueva Madrid, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, logrando su cimentación política y económica con estos dos últimos.


VIVIENDA DE LUJO:


De acuerdo al portal de la Secretaría de la Función Pública Federal, Abreu Marín gana al mes 122 mil 512 pesos y habita en el lujoso conjunto turístico de Puerto Cancún, donde tiene que pagar lo menos la mitad de su salario.


El súper delegado en Quintana Roo, ejerce control sobre los encargados de oficina de las 73 delegaciones existentes en la entidad, bajo el argumento de que esas dependencias deberán reducirse solamente a 24 y pasarán a ser únicamente representaciones.


La delegaciones que, según ya operan en Quintana Roo, son la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Cultura, Secretaría de Energía, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y Secretaría de Turismo, entre otras.

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Los que más arraigo tienen en Quintana Roo, son Rafael Marín Mollinedo, empresario dedicado a la compra y venta de frutas y legumbres, para abastecer los principales hoteles y empresas del estado, así como en algún tiempo monopolizar la venta de los alimentos a la cárcel municipal de Cancún.


NICOLÁS MOLLINEDO, SU PRIMO:


Su primo, Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, es esposo de Lydia Portilla Mánica, hermana del ex titular de Sintra, Jorge Portilla Mánica, además de que fue un estrecho colaborador de la administración municipal de Gregorio Sánchez Martínez, cuando este fue presidente municipal de Benito Juárez.


Arturo Abreu Marín, primo de Rafael Marín Mollinedo, ha tenido contacto con el estado por intereses inmobiliarios y políticos que empresariales.


Rafael Marín Mollinedo, delegado estatal en Quintana Roo de Morena es dueño de la empresa Tabana Banana S.A. de C.V., dedicada a surtir a los principales supermercados y hoteles en Cancún y la Riviera Maya, principalmente bananas y papayas.

Sin embargo, en septiembre de 2008, en el municipio de Benito Juárez le otorgó la concesión a la empresa Tabana Banana de los alimentos de la cárcel del municipio. Los accionistas de la firma son Rafael Fernando Marín Mollinedo y María Amada Mollinedo Valencia, y el comisario del Consejo de Vigilancia es nada menos que su primo Nicolás Mollinedo Bastar.


En aquel entonces obtuvieron por servicio de tres años más de 50 millones de pesos, pues cada año les dejaba ganancias por 17 millones de pesos.


La adjudicación por el servicio de abastecimiento de los alimentos de los presos de Cancún, fue directa y autorizada por el entonces presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, quien posteriormente fue a dar a la cárcel y ex culpado más tarde.


De esa manera, Rafael Marín Mollinedo, delegado estatal en Quintana Roo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Arturo Abreu Marín, entrante coordinador de programas sociales del gobierno federal para Quintana Roo, extienden sus tentáculos en el municipio de Solidaridad para obtener beneficios personales y de grupo.



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